Nuestra Abogada Asociada al Departamento de Derecho Corporativo, Sttefany Torres explica en el siguiente artículo, una actualización sobre los hechos jurídicos relacionados al conflicto histórico del Territorio del Esequibo:  

Dando seguimiento a los sucesos que se desenvuelven entorno al conflicto sobre el territorio del Esequibo, es preciso recordar que para el 23 marzo de 2020 estaban pautadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) las audiencias orales a las cuales debían comparecer ambos países, pero debido a la pandemia del COVID-19, la CIJ anuncio públicamente el 17 de marzo de 2020, la suspensión por tiempo indefinido de todas sus audiencias y actividades procesales. Sin embargo, aún persistiendo el tema de la pandemia, la Corte decidió llevar a cabo la audiencia mediante videoconferencia el 30 de junio de 2020, a la cual la representación de Venezuela no compareció bajo el alegato de la falta de Jurisdicción de la Corte para conocer sobre el asunto y manteniendo su posición de cumplir con lo acordado en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

El 18 de diciembre de 2020, la Corte Internacional de Justicia declaró por doce (12) votos contra (04), que efectivamente tiene jurisdicción para conocer de la solicitud presentada por la Republica Cooperativa de Guyana, en lo que respecta a la validez del Laudo Arbitral de 1899 y el arreglo definitivo de la disputa sobre la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela. La Corte también estableció por unanimidad, que no tiene jurisdicción para conocer de las reclamaciones incoadas por Guayana, derivadas de hechos ocurridos después de la firma del Acuerdo de Ginebra. Desde la Cancillería venezolana se emitió un comunicado rechazando el fallo emitido por la CIJ y reiteró su llamado a Guyana para que la controversia sea canalizada de forma amistosa.

Acciones de Venezuela

El 7 de enero de 2021, Nicolás Maduro dirigió una misiva al Secretario General de la ONU, solicitando se reactiven procesos de diálogo entre Guyana y Venezuela apegados a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra y manifestando que Venezuela nunca ha dado su consentimiento para que la CIJ conozca sobre la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. En esta misma fecha, se dirigió comunicación a la CIJ por parte de Venezuela, solicitando se postergue la audiencia pautada por la Corte para el 25 de enero de 2021, pidiendo sea fijada en el mes de abril y que se pueda realizar de forma presencial.

La Asamblea Nacional en Gaceta Oficial Nro. 42.042, de fecha 7 de enero de 2021, dictó un Acuerdo para garantizar los derechos soberanos de la Republica sobre la Guayana Esequiba, dejando establecido su rechazo a la decisión dictada por la CIJ el 18 de diciembre de 2020, expresando que dicha Corte no cuenta con el consentimiento del Estado Venezolano para que conozca de la controversia y mediante la creación de una Comisión Especial de la Asamblea Nacional que se avocará a la defensa de los derechos de Venezuela sobre el Esequibo, solicitando a las instancias y órganos internacionales correspondientes, apegarse a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, se pronunció sobre la necesaria defensa de los intereses de Venezuela ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia, expresando que lamenta la decisión de la Corte, ya que la controversia remitida versa sobre la aplicación del Acuerdo de Ginebra y no sobre la determinación de la validez o nulidad del Laudo Arbitral de Paris. La Academia exhorta a quienes detentan el poder político en el país a ejercer la tutela de los derechos de Venezuela sobre el Esequibo por todos los medios legítimos y considera que Venezuela debe participar activamente en el proceso para hacer valer todos los derechos procesales que tenga a su alcance para fundamentar y probar la invalidez del Laudo Arbitral. También considera que la posición de Venezuela sobre la nulidad del Laudo Arbitral es suficientemente fundada y defendible, ya que la validez del Laudo es insostenible en Derecho, por ello, el llamado de la Academia es a comparecer ante la Corte, pues el costo de no hacerlo sería muy alto para Venezuela.

El 21 de enero de 2021, la Cancillería de la Republica, solicitó una vez más que sea postergado el plazo para comparecer ante la CIJ hasta el mes de abril, debido a que considera que se trata de una convocatoria atropellada y no proporciona a Venezuela el tiempo necesario para prepararse antes de asumir una posición frente a un tema de vital importancia para el país.