El Ejecutivo Nacional anunció una serie de medidas para mitigar el impacto económico que pueda generar la crisis del coronavirus (COVID-19) en Venezuela.

Nuestra Abogada Asociada al Departamento de Derecho Corporativo, Sttefany Torres explica en el siguiente artículo, el decreto que oficializa esas acciones:  

Mediante Decreto Presidencial N°4.169, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.522 de fecha 23 de marzo de 2020, el Ejecutivo Nacional estableció una serie de medidas concernientes a la suspensión del pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles comerciales y de aquellos utilizados como vivienda principal, concatenadas con las normas dictadas en el marco del estado de alarma para atender la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19), dictadas el 13 de marzo de 2020, en Decreto N° 4.160, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.519, estableciendo la suspensión del pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de aquellos utilizados como vivienda principal, no siendo exigible al arrendatario el pago de los cánones correspondientes ni de los que estén vencidos para la fecha, dicha suspensión regirá hasta el 1° de septiembre de 2020.

También se establece por un plazo de seis (6) meses la suspensión de la aplicación de los Artículos 91 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y Articulo 40, Literal “a” de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, los cuales regulan las causales de desalojo de los inmuebles y se exhorta a llevar cualquier controversia que se pueda suscitar por antes los entes que correspondan para cada situación (SUNAVI en temas de arrendamiento de viviendas y SUNDDE en caso de Inmuebles de Uso Comercial).

Por otro lado, el decreto dispone que las partes pueden acordar y llegar a un consenso para hacer una reestructuración de los pagos y así lograr la menor perdida posible para ambas partes, con lo cual nuestra recomendación es que se realice un anexo o adenda en el cual se detallen claramente los motivos sobrevenidos que obligan a establecer nuevos términos con relación a los pagos de los cánones de la relación arrendaticia.

Como último punto se establece que quedan excluidos de la aplicación de este decreto aquellos establecimientos comerciales que por la naturaleza de sus actividades deban seguir operando y que se encuentran expresamente excluidas del cese de actividades decretado de acuerdo al Estado de alarma.